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Centros poblados de Puno sin transferencias por trabas legales en proceso de adecuación

El 10% de los 367 centros poblados de la AMUCEP en Puno queda fuera de las transferencias económicas por problemas en su adecuación legal, lo que genera retrasos en el desarrollo de comunidades rurales que aún dependen de resoluciones municipales antiguas para su reconocimiento formal.

Wilson Maquera Lupaca, presidente de AMUCEP y alcalde de Collata (Ilave), informó que la organización agrupa a 367 alcaldes formalizados y urge la regularización administrativa de los centros pendientes, para asegurar su acceso a los recursos gestionados por gobiernos provinciales y regionales.

El dirigente subrayó la existencia de un plazo limitado para completar la adecuación y espera que los alcaldes provinciales ayuden sin poner obstáculos, pues afirma que ningún burgomaestre quiere perjudicar los intereses y desarrollo de sus centros poblados dependientes.

La AMUCEP promovió un proyecto de ley que solicita a los gobiernos regionales transferencias de hasta 12 UITs por localidad, una medida que actualmente se debate y que podría asegurar financiamiento significativo para obras públicas y servicios básicos de estas jurisdicciones.

La provincia de Puno lidera la lista de casos sin actualizar su documentación, con 71 registros, de los cuales solo 37 completaron el proceso de adecuación, otros 14 están en trámite y 10 no han iniciado gestiones, lo que evidencia la desigualdad administrativa entre distritos.

Maquera especificó que ningún centro poblado será excluido o discriminado, la asociación implementará un plan escalonado que permita a todos beneficiarse de las transferencias conforme regularicen su situación legal, sin importar antigüedad o procedencia geográfica.

La estrategia contempla intervenir por bloques organizados, priorizando a los primeros centros que terminen el trámite y acompañando a los restantes en el proceso, garantizando derechos y fondos para toda la base social rural de la región sin exclusiones políticas ni burocráticas.

El dirigente concluyó que la regularización de cada centro poblado es clave para su desarrollo, ya que permite acceder a programas, financiamiento y obras que mejoran la calidad de vida en zonas rurales, cumpliendo así un mandato de integración y equidad territorial en Puno.

Puno

Juliaca: Más del 70% de compradores detecta estafa en peso de productos en mercado Las Mercedes

Una ingrata sorpresa se llevaron decenas de pobladores en el mercado Las Mercedes de Juliaca, donde tras verificar sus compras descubrieron que la mayoría de comerciantes entregaba productos con menos peso del pagado, hasta medio kilo menos.

La constatación fue posible gracias a la instalación de tres balanzas legales en los alrededores del mercado, iniciativa del municipio provincial de San Román, donde se evidenció que entre el 70 y 80 por ciento de clientes fueron perjudicados.

Los principales reclamos se dirigieron contra vendedores de abarrotes, tubérculos y frutas, quienes reducían entre 100 y 500 gramos en cada transacción, provocando indignación en los consumidores que acudían nuevamente a exigir la devolución correspondiente.

Mientras algunos vendedores aceptaban el error y devolvían lo hurtado, otros mostraban actitudes desafiantes frente a los reclamos, generando mayor malestar entre la población que exigió sanciones más severas para frenar estas prácticas.

Los pobladores señalaron que este tipo de estafas no solo ocurre en Las Mercedes, sino también en otros mercados de Juliaca, por lo que pidieron medidas de control permanentes y la posibilidad de denunciar formalmente a los infractores.

Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a utilizar las balanzas legales instaladas por la municipalidad, mientras se espera que las autoridades intensifiquen los operativos y sancionen a los comerciantes que insisten en estafar a los consumidores.

Juliaca

Limitaciones legales y recorte de 1 millón golpean lucha contra el crimen organizado

La fiscal Fanny Quispe Farfán coordina las fiscalías especializadas contra el crimen organizado en Perú. Durante una entrevista nocturna reveló los obstáculos legales y presupuestales que limitan su trabajo. La funcionaria denunció reducciones económicas que comprometen operaciones cruciales contra bandas criminales organizadas.

Quispe Farfán explicó que modificaciones legales recientes debilitaron la persecución del crimen organizado. El tipo penal ahora exige que los delitos base tengan penas superiores a cinco años. Esta restricción excluye estafas y fraudes informáticos de la categoría criminal organizada.

“No podemos legislar por casos concretos”, declaró la fiscal al referirse a críticas sobre excesos anteriores. Las fiscalías operan diariamente con la policía nacional para desarticular estructuras criminales complejas. Ambas instituciones requieren coordinación estrecha sin divisiones internas que beneficien a delincuentes.

Limitaciones operativas afectan investigaciones

Las interceptaciones telefónicas tienen un plazo máximo de siete días según normas vigentes. Esta restricción temporal reduce las posibilidades de conocer métodos delictivos en zonas alejadas como la selva. Los criminales utilizan comunicaciones telefónicas en áreas rurales con mayor frecuencia.

“El crimen organizado no se ve en fragancia“, explicó Quispe Farfán sobre la complejidad investigativa. Las estructuras criminales requieren análisis paciente y sigiloso con planificación operativa especializada. Los fiscales necesitan herramientas como videovigilancia y agentes encubiertos para casos complejos.

Estados Unidos implementó intervenciones militarizadas contra bandas organizadas en Washington. El presidente Trump declaró que la capital federal presenta más criminalidad que ciudades latinoamericanas. Lima figura entre las urbes comparadas con índices delictivos elevados según autoridades estadounidenses.

Terrorismo y crimen requieren análisis diferenciado

El crimen organizado utiliza técnicas violentas para amedrentar operadores de justicia y funcionarios estatales. Las fiscalías de La Libertad sufrieron un atentado hace pocos meses dirigido contra instalaciones especializadas. Los criminales buscan generar terror para infiltrar instituciones democráticas.

“Hay un nexo entre terror y crimen“, reconoció la fiscal sobre métodos intimidatorios actuales. Sin embargo advirtió sobre la importancia de no banalizar conceptos como terrorismo. Este fenómeno tiene objetivos más amplios contra sistemas democráticos establecidos.

Una unidad de análisis estratégico fue aprobada recientemente bajo coordinación de Quispe Farfán. Esta herramienta permitirá conectar datos dispersos entre diferentes investigaciones fiscales. Teléfonos y vehículos pueden aparecer en múltiples casos sin conexión aparente inicial.

Crisis presupuestal amenaza operaciones futuras

“El Ministerio Público está golpeado en su presupuesto”, denunció la fiscal sobre recortes económicos actuales. Las fiscalías perdieron un millón de soles para operativos especializados este año. Los allanamientos simultáneos requieren traslados fiscales costosos para cubrir múltiples inmuebles.

Agosto marca cuatro meses restantes del ejercicio fiscal con recursos insuficientes ya identificados. El nuevo presupuesto se presenta este mes sin respuestas oficiales sobre ampliaciones solicitadas. Las autoridades económicas no han respondido peticiones del Ministerio Público.

“Si en algo se debe invertir es en investigación”, concluyó Quispe Farfán dirigiéndose al ministro de economía. Los recursos resultan fundamentales para desmantelar bandas organizadas y imponer penas graves. La lucha efectiva contra estructuras criminales requiere inversión estatal sostenida y herramientas tecnológicas modernas.

Nacional

Aprueban aumento de sueldo a Boluarte de S/35,568 pese a tope legal de S/26,000

El Ministerio de Economía y Finanzas aprobó mediante decreto supremo el nuevo sueldo mensual de S/35,568 para la presidenta Dina Boluarte, convirtiéndola en la funcionaria pública mejor remunerada del país según normativa establecida en la Ley de Presupuesto 2024.

El ministro Raúl Pérez-Reyes anunció la medida tras cumplir con el artículo 23 de la Ley de Presupuesto aprobada en noviembre del año pasado. La decisión se basó en una resolución de la Presidencia de Servir que formalizó un acuerdo directorial para establecer la compensación económica presidencial.

La metodología aplicada comparó los salarios en dólares de 12 presidentes latinoamericanos, ajustados por paridad de poder adquisitivo y considerando los ingresos más altos del Poder Ejecutivo como ministros y viceministros para determinar la remuneración.

Fundamentos legales del incremento salarial

El MEF sustenta el aumento citando el artículo 2 de la Ley N° 28212, que establece que “el presidente de la República ocupa la más alta jerarquía” en el servicio de la Nación y debe presidir todos los actos públicos y oficiales.

El artículo 4 de la misma ley determina que el presidente debe percibir la remuneración más alta dentro del servicio de la Nación, justificando el incremento salarial por encima de otros funcionarios públicos de alto rango.

¿Es legal que supere el límite establecido?

El mismo artículo 4 establece que no puede exceder las 10 URSP equivalentes a S/26,000 mensuales en 2025, generando interrogantes sobre la legalidad del decreto.

El gobierno justifica el aumento con criterios internacionales y comparaciones regionales, pero no ha modificado la ley vigente que establece el tope de S/26,000, generando cuestionamientos sobre la legalidad del decreto supremo.

Boluarte supera a todos los funcionarios públicos

Con este incremento, Dina Boluarte se posiciona en el primer lugar de la lista de funcionarios del servicio civil. Supera la remuneración mensual de S/35,017 que perciben los miembros de la Junta Nacional de Justicia y magistrados del Tribunal Constitucional.

La presidenta también supera los S/30,000 mensuales de los ministros y S/28,000 de los viceministros, presidentes de organismos reguladores. El nuevo monto representa un incremento significativo respecto a los S/16,000 que percibía anteriormente como jefa de Estado.

Los rectores de universidades públicas, jefes de organismos constitucionalmente autónomos y demás altos funcionarios quedan por debajo del nuevo sueldo presidencial, consolidando la jerarquía salarial establecida por la normativa vigente del servicio civil.

Nacional

I was about to allow some form of monetization feature on my comic (bc, right now I still can't get paid for it) and this phrase caught my eye

(typed out under the pic)

I represent and warrant that I own all legal rights in and to the works, including the right to publish and/or distribute the work.

I hereby agree to indemnify and hold webtoon and naver webtoon, together with all officers, directors, shareholders, agents, and employees harmless from and against any and all claims, whether valid or not, in any way related to or arising from a breach or alleged breach of my representation and warranty immediately above

Can anyone who understands legalese better than me explain what the fuck that's supposed to mean??

Holding the entirety of all people working under Webtoons 'harmless' against any claims even if true?

Indemnify means to compensate someone for their losses, does that mean I pay them if I do something they don't like??? Can they just make that kind of claim??

Does that mean they can do whatever the fuck to my webcomic or me and like, I have no say in it?

Does that mean they can choose not to pay me even if I earned it and I can't accuse them of withholding my money? What?

Los Aspectos legales de la música taller a cargo de Coral Campopiano y Gabriel Maspero.