#detencion

La detención de activista Martha Grajales ha generado gran preocupación. Grajales fue arrestada tras un “acto de desagravio”. El evento se realizó frente a las oficinas de la ONU en Caracas. La manifestación era en apoyo a familiares de presos políticos. La activista fue interceptada por la PNB. La Policía Nacional Bolivariana la obligó a subir a una camioneta. Según la ONG Provea, el vehículo…

Playas de Rosarito, 4 de junio de 2023.-En distintitos operativos realizados en las últimas horas por la Policía Municipal de Playas de Rosarito, se logró localizó un auto abandonado, así como la detención de un hombre en posesión de drogas. La tarde de ayer, al filo de las 17:35 horas, mientras realizaban un recorrido preventivo por la calle José Haroz Aguilar y Herminio Arroyo, en la colonia…

Tijuana, 1 de junio de 2023.- Dos personas fueron detenidas las realizar un cateo a una vivienda en la que se investiga la compra y venta de droga, esto en la colonia La Cima. En el operativo en el que participó el Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y efectivos de la Secretaría de Marina, se decomisaron varias dosis de droga. El domicilio se ubica en la calle…

Allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, pruebas fraudulentas, testigos falsos y condenas en tiempo récord. Un engranaje a la perfección entre uniformados que actúan, jueces y fiscales que avalan y voceros mediáticos que arengan por “más seguridad”. Una política sin grietas más allá de quién gobierne, que el Estado necesita para mantener “el orden” mientras impone la degradación de la vida de los sectores populares. En los últimos tiempos asistimos a un carnaval mediático donde los llamados “expertos” en “seguridad” dan cátedra sobre la necesidad de mayor despliegue de policías, gendarmes y hasta fuerzas armadas en el espacio público. Algunos hechos ocurridos en las últimas semanas dan un buen pie al informe que sigue. A raíz del crimen de Daniel Barrientos, chofer de la Línea 620, ocurrido en La Matanza a principios de abril, detuvieron a dos personas acusadas de participar en el asesinato. La madre de uno de ellos denunció ante los medios: “salió a las 7 de la mañana a trabajar, es más fácil agarrar a cualquiera, llevárselo y ya está. Mi hijo estuvo en mi casa, tengo la filmación del jardín de enfrente, de cuando entra y cuando sale con el auto a trabajar”. Alex Barone sigue preso acusado de ser uno de los asesinos. Su familia denuncia “causa armada”. Luego de la protesta de choferes por la muerte de Barrientos que culminó con la agresión a Sergio Berni, el gobierno provincial (orden judicial mediante) envió a la misma Policía Bonaerense a ejecutar un brutal allanamiento en los domicilios de dos choferes con su posterior detención, acusados de los delitos de “atentado contra la autoridad, lesiones graves e intimidación pública”. Por su parte, el domingo 16 de abril se conoció el supuesto suicidio del trabajador Mauricio Castillo en una comisaría de La Matanza. Estaba detenido por un supuesto robo en la zona, del que la propia Bonaerense no puede asegurar que fuera culpable. Castillo apareció ahorcado con un buzo en la celda, colgado de un barrote distante no más de un metro del suelo. La familia denunció su detención arbitraria y la responsabilidad de la Policía en su muerte. Y por reclamar justicia fue brutalmente reprimida en las afueras de la comisaría. Todo con el aval de Berni, claro. La industria del “papeleo” Las páginas de la sección Policiales de las grandes empresas periodísticas o los segmentos televisivos de columnistas especializados en “delitos y crímenes” arengan todos los días la necesidad de “mano dura” y “tolerancia cero” contra quienes protagonizan hechos englobados discursivamente bajo el rótulo polisémico de “inseguridad”. Cada día asistimos en vivo y en directo al accionar represivo del Estado. Desde cinematográficas detenciones a plena luz del día, con cientos de efectivos, patrulleros, motos y helicópteros destrozando impunemente todo lo que esté en el camino; hasta operativos ilegales silenciosos, de madrugada, sin siquiera utilizar móviles oficiales; pasando por “rutinarios” retenes callejeros que derivan en averiguaciones de antecedentes y detenciones arbitrarias. Las policías (de todas las provincias, al igual que la Federal, Gendarmería y Prefectura) cotidianamente llevan a cabo todo tipo de prácticas (legales y no) que derivan en la apertura de expedientes basados en pruebas falsas, con el fin de justificar el accionar represivo estatal con el cual intentar dar una respuesta rápida a la cuestión de la “seguridad”. Personas detenidas al azar o que portan antecedentes por causas menores, son acusadas y hasta condenadas por haber cometido o participado de crímenes (inexistentes o cometidos por otras personas), sin contar con una investigación seria ni pruebas contundentes y con decisiones judiciales exprés que las hunden por meses o años en comisarías, cárceles o alcaidías. Hablamos de causas armadas, donde las principales víctimas son los y las habitantes de los barrios populares de todo el país, en su enorme mayoría jóvenes y en las más diversas situaciones de vulnerabilidad.

¿Por qué hablar de “causas armadas”? Nadie puede negar que en Argentina (como en el resto del mundo) las cárceles están llenas de pobres y que los criminales con poder, casi en su totalidad, siempre terminan impunes. Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nacional, a diciembre de 2018 (último relevamiento publicado) había más de 100.000 personas encerradas en penales y alcaidías de todo el país. Hoy son muchas más, ya que la tasa de encarcelamiento nunca dejó de crecer y, en los últimos años, lo viene haciendo a mayores ritmos que antes. No sólo en Argentina hay más presos por cantidad de habitantes que en países como México, Venezuela o Paraguay (para hablar sólo de América Latina) sino que la enorme mayoría de quienes están en esa condición tienen los procesos abiertos, es decir que aún no fueron legalmente declarados culpables. Según datos actualizados de la Comisión Provincial por la Memoria, al menos la mitad de las personas detenidas en el país están bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). De ellas, el 50 % no tienen condena, o sea que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Encima en las cárceles bonaerenses la sobrepoblación es del 109 % (más de dos presos por plaza habilitada); un hacinamiento al que se suma la ausencia de condiciones básicas de salud, alimentación, abrigo, recreación y una sistemática práctica de torturas y malos tratos. En este contexto reaccionario y degradante de la condición humana, no hay que olvidar un elemento central. La cárcel, tal como la conocemos, es un invento del capitalismo. Un subsistema complementario a la explotación económica de las mayorías sociales por parte de una minoría. En palabras de Karl Marx, “el crimen descarga al mercado de trabajo de una parte de la superpoblación sobrante, reduciendo así la competencia entre los trabajadores”. A su vez “la lucha contra la delincuencia” (el aparato represivo estatal) “absorbe a otra parte de la misma población”. Así, “el delincuente actúa como una de esas ‘compensaciones’ naturales que contribuyen a restablecer el equilibrio adecuado y abren toda una perspectiva de ramas ‘útiles’ de trabajo” (Elogio del crimen, 1860). Concretamente, quienes habitan las cárceles, en su enorme mayoría, son “delincuentes” así concebidos por quienes dictan las leyes burguesas, detenidos por la Policía burguesa y condenados por la “Justicia” burguesa. Y encima, un número indeterminado (imposible hacer estadísticas) pero altamente significativo de quienes están tras las rejas son víctimas de procesos penales creados con el solo fin de detenerlas. Es decir, que ni siquiera entran en la categoría capitalista de “delincuentes”. Las “causas armadas” no son otra cosa que una de las modalidades del sistema represivo. “Es muy difícil hablar de estadísticas o cuantificar los casos” de causas armadas, dice a La Izquierda Diario Manuel Garrido, exfiscal nacional, profesor de derecho penal en varias universidades y director de Innocence Project Argentina, organización instalada en el país por el cineasta Enrique Piñeyro. En la ONG reciben más de 400 denuncias por año de familiares de personas “engarronadas”. Si bien no toman todos los casos, el número indica la sistematicidad de esta práctica. De hecho, dice Garrido, “hay comisarías que se caracterizan sistemáticamente por armar estas causas” y “fiscalías que también lo hacen de manera habitual”. ¿Por qué se arman causas? En algunos casos, policías, fiscales y jueces inventan hechos (con falsas pruebas plantadas) de los que inculpan a una o más personas con fines extorsivos. Quienes no responden a las demandas, por lo general económicas, terminan “engarronados” por tiempo indeterminado. En otros casos, los hechos sí ocurrieron, pero se “papelea” a inocentes para proteger a los culpables. Y ahí es mucho más difícil zafar. Esos objetivos son identificados por Garrido, quien pone como emblema el caso de Fernando Carrera (reflejado por Piñeyro en su documental Rati Horror Show) donde la Policía Federal, en enero de 2005, luego de perseguirlo a los tiros en el barrio porteño de Pompeya, terminó inculpándolo de la muerte de tres personas (a las que atropelló con su auto estando inconsciente por los disparos policiales) en una causa que terminó en una condena de quince años de prisión. En la ONG han tomado varios casos de ese tipo y también otros en los que el Estado busca resolver hechos que han tomado trascendencia pública involucrando a un “perejil” como forma de “cerrar” la causa y demostrar cuán efectivo fue el accionar policial-judicial. En el ámbito penitenciario, a su vez, es muy común que se falseen actas con supuestas inconductas como forma de disciplinamiento de la población detenida y para la gestión de los distintos circuitos de tráfico intramuros. De la misma manera, se falsean constancias para encubrir las ejecuciones y las torturas padecidas por los y las detenidas. Nada de esto sería posible ni sostenible en el tiempo si no hubiera complicidad y participación necesaria de un Poder Judicial clasista, racista y patriarcal (en algunos terrenos, las víctimas de causas armadas son preponderantemente mujeres y disidencias sexuales). Los investigadores Lucas Massaccesi y Bruno Falco publicaron en 2017 un artículo en la revista ReDeA de la Facultad de Derecho de la UNLP, titulado “Hércules y la fábrica de causas”. Allí plantean claramente que “el encierro cautelar en conjunción con el aletargamiento de los procesos penales, y con las altas probabilidades de que en juicio resulte condenado por un aparato judicial clasista que sospecha de toda persona de tez trigueña, termina funcionando como un mecanismo extorsivo que impulsa al detenido a echar mano a cuanto recurso tenga disponible -acuerdos de juicio abreviado o suspensión de proceso a prueba- para poder poner fin a su encierro, generándosele antecedentes penales que luego serán aprovechados por las agencias del orden con fines extorsivos”. Es decir, desde el principio al fin de las causas, un armado consciente que no para de perfeccionarse y ya es un verdadero sistema, avalado (con mayor o menor participación) por todos los funcionarios del Estado. Incluyendo a los “progresistas” secretarios de Derechos Humanos, a las ministras de Mujeres, Géneros y Diversidad y demás áreas competentes. Un sistema que, huelga decirlo, genera a su vez ingresos millonarios para los agentes estatales que intervienen, sea por vía formal a través de los abultados presupuestos para sostener la “industria” securitaria o bien por vía informal cuando las extorsiones resultan “exitosas”. Claudia Agüero, abogada y miembro de la Coordinadora Contra la Impunidad Policial, lo define con claridad: “Una causa armada suele verse como una causa común, donde a simple vista parece justificada la detención de la persona, ya que aparentemente la Policía investigó, encontró pruebas y testigos, el fiscal acusó, hubo un juicio y esa persona pudo ser condenada en un proceso legal”. La letrada agrega que “a través de años de lucha desarrollamos la capacidad de mirar críticamente cada causa y poder identificar los patrones que se repiten. Lo vemos en la televisión y ya lo identificamos. Y a la vez aprendimos a reconocer quién está del otro lado”. Su organización la integran mayoritariamente víctimas de causas armadas.

Casi mes y medio y no hay detenidos por crimen de Kevin Yael

Por Crisstian Villicaña Tijuana, BC, a 10 de octubre del 2022.- Ha pasado un mes y ocho días desde que el joven Kevin Yael desapareció el 2 de septiembre en la Canalización del Río Tijuana (El Bordo). En pocos días será un mes y medio de su violenta muerta, misma que no ha podido ser resuelta por parte la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE BC), encabezada por Ricardo Iván…