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David Fonseca* Venezuela ha declarado el estado de emergencia tras los potentes terremotos del pasado 24 de junio, los cuales provocaron el colapso de numerosos edificios en distintas zonas del país, dejando un trágico saldo de al menos 2.295 muertos y cerca de 11.000 heridos (para la fecha de publicación de este artículo). Ante la magnitud de la tragedia, varios países han expresado su solidaridad con el pueblo venezolano y han comenzado a coordinar a la mayor brevedad el envío de suministros y equipos de rescate hacia las áreas más afectadas. Sin perder tiempo, el gobierno venezolano organizó los operativos de búsqueda y salvamento, contando con la participación de contingentes internacionales. Una década de sanciones obstaculiza la respuesta ante el desastre El viceministro de Política Antibloqueo de Venezuela, William Castillo, informó en mayo que el país ha sido objeto de 1,088 medidas coercitivas unilaterales durante los últimos 11 años, de las cuales 1,040 permanecen activas. Desde 2015, Washington ha impuesto más de 1,000 sanciones económicas que dificultan severamente la adquisición de medicamentos, una situación que se vuelve crítica dado que varios hospitales se encuentran colapsados por la cantidad de heridos. Estas sanciones estadounidenses, sumadas a la crisis económica derivada, entorpecen las labores de rescate. Los equipos de emergencia deben remover escombros y buscar sobrevivientes con recursos muy limitados, lo que reduce drásticamente el tiempo disponible para encontrarlos con vida. La situación se ha agravado aún más debido a los masivos apagones en gran parte del país, que también han interrumpido las telecomunicaciones, dejando a miles de venezolanos en el exterior sin posibilidad de comunicarse con sus familias. Esta vulnerable realidad se ha visto propiciada por las sanciones y la política agresiva de Washington. Durante años, el gobierno venezolano ha operado bajo un asfixiante bloqueo que ha mermado su capacidad para suministrar o producir los materiales necesarios para afrontar desastres naturales de esta envergadura. Washington era consciente de la escasez de insumos médicos en el país; por ello, uno de los primeros envíos de EE. UU. tras el secuestro de Nicolás Maduro consistió en 65 toneladas de suministros médicos, lo que representa un reconocimiento no oficial del impacto de sus propias sanciones. Este impacto directo también se evidencia en las estaciones de monitoreo e investigación sísmica de Venezuela, cuyas restricciones financieras han impedido su actualización tecnológica, obligando al gobierno a cerrarlas parcialmente. Washington intenta limpiar su reputación Tras los terremotos del 24 de junio, Estados Unidos afirmó estar en contacto con las autoridades venezolanas y movilizando asistencia para la nación sudamericana, históricamente afectada por el embargo de Washington. Donald Trump fue uno de los primeros líderes en prometer apoyo: “EE. UU. está listo, dispuesto y capaz de ayudar. Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos”. Asimismo, el gobierno estadounidense emitió la Licencia General 60 de la OFAC, una autorización temporal vigente hasta el 23 de octubre de 2026 que permite procesar transacciones vinculadas a la asistencia humanitaria para los damnificados. Aunque parece una medida positiva, no resuelve el obstáculo de fondo. El economista Francisco Rodríguez explica que estas licencias limitadas son insuficientes para que los recursos fluyan con rapidez, ya que muchas instituciones financieras internacionales siguen bloqueando o retrasando las operaciones por temor a violar el régimen general de sanciones. Por otro lado, Estados Unidos envió un contingente considerable de rescatistas para sumarse a las tareas de salvamento, y diversos medios han difundido imágenes de estos equipos trabajando codo a codo con el personal venezolano. Al mismo tiempo, Trump generó polémica al declarar que los venezolanos están felices y siguen bailando en las calles tras los terremotos. Esto sugiere que, fiel a la línea geopolítica tradicional de Washington, el desast...

Por Alan Macleod, traducido al español por periodista venezolano David Fonseca* En medio de la escalada de agresión de EE. UU. hacia la isla cubana a través de una campaña de máxima presión y la amenaza de intervención militar, el gobierno de Estados Unidos ha estado financiando encubiertamente una enorme red de medios de comunicación cubanos que afirman ser independientes, en un impulso por el cambio de régimen contra el gobierno socialista independiente. Estos medios se presentan como periodismo de investigación imparcial, pero están siendo financiados silenciosamente por Washington a través de USAID, la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) y la Fundación Open Society, con el fin de sembrar el descontento en toda la nación caribeña, ablandándola para una potencial invasión “inminente” por parte de la administración Trump. Cuba se enfrenta a algunos de los peores apagones energéticos de su historia, gracias al bloqueo de EE. UU., que intenta asfixiar a la isla hasta la sumisión. Como estado comunista que desafía las órdenes de EE. UU., Cuba ha estado, desde 1959, en la mira de Washington, que intenta derrocar al gobierno. MintPress arroja luz sobre este oscuro nexo de cambio de régimen. Periodismo independiente, cortesía del Departamento de Estado CubaNet es uno de los medios de noticias más influyentes y establecidos que cubren los asuntos de la isla caribeña. Fundado por activistas antigubernamentales en 1994, el sitio se ha convertido en la fuente de información predilecta para los medios corporativos, quienes lo citan regularmente y lo presentan como un medio independiente objetivo e imparcial (por ejemplo, The Washington Post, The Wall Street Journal, Fox News y The Los Angeles Times). Los reporteros de CubaNet han escrito artículos de opinión en importantes periódicos estadounidenses como USA Today, pidiendo un cambio inmediato de gobierno en la isla. Pero CubaNet no es tan independiente como parece. El medio es financiado por el estado de seguridad nacional de EE. UU. CubaNet ha recibido millones de dólares en financiamiento de USAID y la Fundación Nacional para la Democracia, así como de la Fundación Open Society. Una subvención de USAID actualmente activa de 500,000 dólares, por ejemplo, fue otorgada a CubaNet para “comprometer a los jóvenes cubanos en la isla a través del periodismo multimedia objetivo y sin censura”. Si bien ostensiblemente es una meta loable, incluso la descripción de una sola frase de la subvención insinúa que su propósito es socavar y atacar al gobierno cubano. Declara que (cursiva añadida) “aumentará el libre flujo de información hacia y desde Cuba para contrarrestar las campañas de desinformación del régimen”. Otra organización de noticias que recibe enormes sumas de dinero de Washington es ADN Cuba. Literalmente significando “ADN de Cuba”, el medio ha acumulado un seguimiento significativo en línea, presumiendo de más de 100,000 suscriptores en YouTube, más de 200,000 en Instagram y más de 1.3 millones en Facebook. Se describe a sí mismo como “un medio independiente comprometido con la libertad y la democracia en Cuba”. Sin embargo, en realidad tiene su sede en España. Y no parece particularmente comprometido con la transparencia sobre su financiamiento. Lo que está claro, sin embargo, es que ADN Cuba ha recibido millones de dólares del estado de seguridad nacional de EE. UU. En septiembre de 2024, USAID aprobó una subvención de 1.1 millones de dólares para ADN Cuba, una cantidad gigantesca de dinero para una organización que publica apenas una historia al día en su sitio web. Esto se sumó a una asignación de 1.5 millones de dólares para el período 2022-2024. De hecho, desde 2020, ADN Cuba ha recibido más de 3 millones de dólares solo de USAID. Esta relación no se revela a los lectores, incluso en historias que cubren directamente el financiamiento de USAID a los medios cubanos, y se relega a las notas a pie de página en bases de datos de financiamiento del gobierno de EE. UU. Diario de Cuba es otro medio de noticias con sede en España que...

Por David Fonseca* Tras el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por las fuerzas armadas de Estados Unidos, la oposición venezolana radical inició la movilización masiva de sus fuerzas para llegar al poder en Venezuela, todavía controlada por el gobierno chavista encabezado por Delcy Rodríguez. Dentro del país, los subordinados de la dirigente radical de Venezuela iniciaron el proceso de preparación del terreno para su regreso al país (abandonó Venezuela el 9 de diciembre de 2025 para recibir el premio Nobel de Paz). En abril, la dirigente en viaje permanente anunció que se presentará como candidata en unas eventuales elecciones presidenciales en Venezuela. Sus colegas residentes en el suelo venezolano expresaron apoyo a esa candidata que, a primera vista, parecía un ángel político con reputación intocable. En retrospectiva, se puede decir que María Corina Machado tiene páginas oscuras en su biografía, y este artículo las acumula para recordarles a los lectores que los venezolanos no queremos ver a Machado liderando nada en nuestro país. Declaraciones criminales El 14 de abril de 2018, María Corina Machado expresó su apoyo a los bombardeos de las FF.AA. de Estados Unidos en Siria con alusión de que le gustaría que lo mismo ocurriera en Venezuela. Hay que recordar que eso viola el artículo 132 de Código Penal de Venezuela “cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la Nación será castigado con presidio de ocho a dieciséis años. En la misma pena incurrirá el venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela…” El 5 de diciembre de 2018, Machado les pidió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y al entonces presidente de Argentina, Mauricio Macri, una intervención militar en Venezuela. El 15 de marzo de 2019, María Machado llamó a la Asamblea Nacional a aplicar el artículo 187, numeral 11, de la Constitución de la República, que permite al órgano legislativo autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país. Así, Machado nuevamente llamó a la intervención extranjera, pero esta vez a la intervención de las fuerzas internacionales, no solo a las estadounidenses. Lo curioso es que ella misma afirmó que avanzar con esta opción tendría riesgos para el país. El 22 de marzo de 2019, María Machado llamó a activar la Responsabilidad de Proteger (conocida como R2P por sus siglas en inglés), un principio internacional adoptado por la ONU en 2005. Este establece que los Estados tienen el deber de proteger a sus poblaciones contra cuatro crímenes: genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad. Nuevamente, Machado propuso la intervención militar en Venezuela sin pensar que eso provocaría un “baño de sangre”. El 3 mayo 2019, Machado nuevamente reclamó una intervención extranjera como la única vía para poner fin al gobierno de Maduro. El 8 de junio de 2020, María Machado propuso la conformación de una coalición internacional capaz de desplegar una Operación de Paz y Estabilización (OPE) en Venezuela. Según Machado, una operación de paz de este tipo debe incluir, en primer lugar, el control del territorio, la seguridad y el desarme de las Fuerzas Armadas. En su visión, lo ideal es que dicha operación no esté bajo la égida de una sola organización, sino que sea conformada por una coalición de aliados en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Cabe recordar que el TIAR es un pacto de defensa colectiva — del cual Venezuela no es miembro (se retiró en 2012 y formalizó su denuncia del tratado en 2013) — que establece que un ataque armado contra un país miembro se considera un ataque contra todos. Machado solicitaba, una vez más, una agresión contra Venezuela que obviamente provocaría víctimas en todos los frentes. Al inicio de su discurso, Machado afirmó: “La bandera ir...